Primero: Tal como ha indicado el Tribunal Constitucional, a la sazón, supremo intérprete de la Constitución, en la Sentencia emitida en el Expediente N° 774-99-AA/TC, el procedimiento de ejecución coactiva es la facultad que tienen algunas entidades de la Administración Pública para hacer cumplir actos administrativos emitidos por la misma Administración, es decir, las obligaciones exigibles deben provenir de materias propias de las funciones que cada entidad tiene, basadas en el reconocimiento que cada ley especial ha considerado para cada Administración, es decir, siempre dentro de un marco normativo, razón por la cual extender el principio de autotutela en el que se basa la ejecución coactiva a obligaciones no originadas en la función de cada administración ocasionaría posibles violaciones a los derechos fundamentales y otorgaría poderes a los ejecutores coactivos que no son propios de su función.

Segundo: Partiendo de la premisa que la Administración Pública necesita asegurar que se cumplan sus decisiones definitivas, las medidas cautelares se encuentran orientadas precisamente para ello, por lo que en el caso específico de la Sunat, resulta de suma importancia conocer los alcances de la normativa relacionada con las medidas cautelares reguladas en el Código Tributario, como en su Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, razón por la cual el objetivo de la presente obra es difundir los aspectos medulares de las medidas cautelares, así como sus efectos en los contribuyentes, desde una perspectiva de riesgo, con la finalidad de evitar contingencias.